¡Adiós comida chatarra de las escuelas! Se ha presentado en México un anteproyecto que busca prohibir la venta de alimentos con alto contenido de azúcar, grasa o sal en todas las escuelas del país, desde preescolar hasta nivel universitario. La medida incluye platillos populares como chilaquiles, quesadillas, tacos, así como botanas, frituras, postres caseros y bebidas azucaradas, lo que ha generado debate entre proveedores y comerciantes sobre su viabilidad y costos.
El nuevo plan establece la prohibición de una extensa lista de alimentos en los planteles escolares. Entre los productos que no podrán venderse están los tacos, tortas, donas, gomitas, gelatinas, helados, chocolates, pizzas y refrescos. Asimismo, se prohibirán preparaciones que utilicen embutidos como salchichas o chorizo, e incluso postres caseros como flanes y gelatinas.
¿Qué tipo de alimentos se promoverán?
En su lugar, se promoverá la venta de alimentos considerados más saludables, como frutas, verduras, leche descremada, cereales integrales y leguminosas. Además, se regulará que en las cooperativas escolares, comedores y máquinas expendedoras no se añada azúcar o sal a las preparaciones.
Organizaciones de comerciantes y proveedores han expresado su preocupación por los impactos económicos de estas restricciones. Según afirman, los costos de los insumos se verán incrementados debido a la prohibición de productos con sellos de advertencia, lo que afectará tanto a las escuelas como a las micro, pequeñas y medianas empresas que abastecen a los centros educativos.
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Uno de los principales reclamos es el tiempo asignado para la consulta pública del anteproyecto, que se limitó a un solo día, en lugar de los 20 días que establece la ley. Además, se cuestiona la aplicación de estas medidas en universidades, donde los estudiantes mayores de edad podrían adquirir los productos fuera del campus, lo que limitaría la efectividad de la prohibición.
¿Quién es la encargada de revisar los alimentos aprobados?
La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) es la encargada de revisar y aprobar el anteproyecto de los nuevos lineamientos, los cuales buscan fomentar hábitos alimenticios saludables en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional. Una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, las escuelas tendrán un plazo de seis meses para adecuar sus menús.
A pesar de las críticas, el gobierno ha defendido la reducción del tiempo de consulta pública, argumentando que la regulación no afectará los derechos de los sujetos involucrados. Sin embargo, Coparmex y otros organismos señalan que el anteproyecto no ofrece una política clara de capacitación gratuita para el personal escolar, ni un análisis completo de los costos para las empresas que tendrán que cumplir con las nuevas normativas.
Uno de los puntos más polémicos es el aumento de los precios. Según estimaciones, preparar un sándwich con productos saludables podría costar casi el doble, mientras que el precio de una hamburguesa podría subir de 58 a 85 pesos. La Cámara Nacional del Maíz Industrializado también advirtió que la propuesta no toma en cuenta todos los costos que supondría su implementación, afectando principalmente a las micro y pequeñas empresas que proveen alimentos a las escuelas.
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