La transmisión en redes sociales de un presunto matrimonio arreglado entre dos adolescentes de apenas 13 años en la comunidad de Huamuchitos, Guerrero, ha generado una fuerte reacción de indignación en la opinión pública. Pese a la existencia de leyes que prohíben los matrimonios infantiles y la cohabitación forzada, este tipo de prácticas persisten en algunas regiones del estado.
El evento, que tuvo lugar la mañana del 23 de febrero, fue transmitido en vivo a través de Facebook por Producciones Beto. En la grabación, se observa a los adolescentes vestidos formalmente, rodeados de familiares que parecen discutir los términos del acuerdo. La transmisión generó una ola de críticas, destacando la evidente corta edad de los menores y la naturalización de una práctica que vulnera sus derechos.
Críticas en redes sociales
Las imágenes mostraban a la joven con un vestido rojo, huaraches negros y el cabello suelto, mientras que el adolescente vestía una playera blanca con detalles en rojo y azul, pantalón azul marino y tenis. A pesar de los problemas de calidad en la transmisión, se logró captar cómo los familiares parecían dialogar sobre los detalles del acuerdo. La indignación no se hizo esperar, con comentarios en redes sociales que exigen acción inmediata por parte de las autoridades.
Leyes contra el matrimonio infantil y la cohabitación forzada
En 2023, Guerrero se sumó a la reforma del Artículo 205-Bis del Código Penal Federal, que sanciona la cohabitación forzada de menores de 18 años. Autoridades estatales impulsaron una iniciativa de ley que endureció las penas contra quienes promuevan estas prácticas, estableciendo sanciones de cinco a 15 años de prisión para quienes gestionen, soliciten u organicen estos arreglos matrimoniales.
A pesar del marco legal vigente, las reacciones oficiales han sido escasas. Hasta el momento, autoridades no han emitido declaraciones públicas sobre el caso y su actividad en redes sociales se ha centrado en la promoción de eventos cívicos y deportivos. Sin embargo, la difusión del evento podría derivar en acciones legales por parte de la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, la Secretaría de la Mujer y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
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