La regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos como “carros chocolate”, continuará siendo una opción disponible en 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026. Esta política federal permite a los propietarios legalizar estos vehículos y evitar sanciones por circular con autos no regularizados de origen extranjero. Aquí te explicamos los detalles más importantes sobre el proceso.
La regularización estará disponible en los siguientes estados: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. Estos estados fueron seleccionados debido a su alta concentración de población migrante, lo que facilita la regularización de vehículos provenientes de Estados Unidos y Canadá.
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Vigencia y requisitos del proceso
El Decreto que regula este proceso estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2026. Los propietarios de autos chocolate deberán acudir a los módulos del Registro Público Vehicular (REPUVE) en su entidad federativa para realizar la regularización. Para ello, deberán generar una cita electrónica a través de la página web oficial del gobierno. Los documentos necesarios para realizar la cita incluyen la CURP, el Número de Identificación Vehicular (NIV), código postal, teléfono y correo electrónico.
Costo y requisitos de los vehículos
El costo para regularizar un vehículo es de 2,500 pesos mexicanos, un monto único que cubre todos los trámites legales. Solo podrán regularizarse vehículos fabricados o ensamblados en México, Estados Unidos o Canadá, y cuyo NIV empiece con los números 1, 4 o 5 (Estados Unidos), 2 (Canadá) o 3 (México). Además, solo se podrán regularizar vehículos de modelos 2018 y anteriores.
Aunque la extensión del plazo hasta 2026 fue apoyada por algunos sectores, como la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la industria automotriz, particularmente los distribuidores de autos nuevos, ha expresado su preocupación. Señalan que esta política ha perjudicado las ventas de vehículos nuevos y podría fomentar el contrabando y la circulación de autos ilegales. A pesar de las críticas, la medida sigue siendo una opción para muchos propietarios en las zonas fronterizas.
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