La tarde del pasado jueves 23 de mayo, un operativo encabezado por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Parral (JMAS), en conjunto con la Junta Central y elementos de la Fiscalía, llevó al descubrimiento de una toma clandestina de agua en una propiedad de Alfredo Lozoya, candidato de Movimiento Ciudadano, ubicada en la colonia Las Fuentes de Parral.
La intervención se produjo tras recibir varias denuncias anónimas que señalaban la existencia de tomas ilegales de agua en propiedades vinculadas al candidato. Según el Director Ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), el equipo comenzó la búsqueda desde el mediodía y logró localizar la toma clandestina que conducía agua hacia la propiedad de Lozoya.
“Encontramos una toma de tres pulgadas que atraviesa una casa que él afirma es de su propiedad. En el patio, había un registro con una abrazadera conectada directamente a la casa. Aunque la casa tenía servicio de agua, no contaba con un contrato válido, lo que la convierte en una toma clandestina”, explicó el Director Ejecutivo de la JCAS.
Este hallazgo constituye un delito de robo de agua, según lo estipulado en la Ley del Agua del Estado de Chihuahua. Las autoridades procederán a presentar una denuncia formal respaldada con pruebas que incluyen videos y fotografías de la toma ilegal. Se estima que la cantidad de agua robada alcanza los 283,000 metros cúbicos en un año, equivalente a 283 millones de litros. Esta cifra subraya la gravedad del delito, especialmente considerando que las tomas de tres pulgadas no están autorizadas para uso residencial, ya que son específicas para suministro mayor.
El descubrimiento ha generado un fuerte impacto en la comunidad, no solo por el volumen de agua sustraída, sino también por involucrar a un candidato político en una práctica ilegal. La JMAS y la JCAS han intensificado sus esfuerzos para detectar y eliminar tomas clandestinas en la región, subrayando la importancia de la legalidad y la equidad en el acceso a los recursos hídricos.
El Director Ejecutivo de la JCAS enfatizó que el robo de agua no solo afecta a la infraestructura y a los recursos del estado, sino que también representa una falta de respeto a la legalidad y a la comunidad. “Este tipo de actos no serán tolerados. Continuaremos trabajando para garantizar que todos los usuarios cumplan con la ley y que el agua, un recurso vital, sea utilizado de manera justa y responsable”, concluyó.
Las autoridades se encuentran en el proceso de formalizar la denuncia ante las instancias correspondientes. La evidencia recolectada será fundamental para el avance del caso y para asegurar que se impongan las sanciones pertinentes.
Este incidente destaca la necesidad de una vigilancia constante y de una aplicación estricta de la ley para prevenir y sancionar las actividades ilegales relacionadas con el uso del agua. La comunidad y las autoridades deben trabajar juntas para proteger los recursos hídricos y asegurar su uso sostenible y equitativo.
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