El 30 de agosto marca el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 2010. A partir de 2011, esta jornada sirve para poner en relieve la preocupante realidad de las desapariciones forzadas en diversas partes del mundo. La resolución A/RES/65/209 no solo estableció esta fecha de conmemoración, sino que también exhortó a los Estados Miembros, al sistema de Naciones Unidas, a otras organizaciones internacionales y regionales, así como a la sociedad civil, a observar y participar en esta conmemoración anual.
La Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas define las desapariciones forzadas como situaciones en las que personas son arrestadas, detenidas o trasladadas contra su voluntad por agentes gubernamentales o grupos organizados, y luego se niegan a revelar su paradero. Este grave crimen no solo afecta a las víctimas directas, sino que también causa un dolor angustiante a sus familias y amigos, quienes viven en la incertidumbre y el temor.
¿Qué es la desaparición forzada?
La desaparición forzada viola una serie de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la libertad y seguridad de la persona, el derecho a no ser sometido a torturas o tratos crueles, y el derecho a la vida. México, al igual que otros países, enfrenta este problema de manera crítica. Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), solo el 15.80% de los casos de personas desaparecidas y no localizadas en México tienen información sobre el delito por el cual se investiga su desaparición. Esto deja alrededor del 85% de los registros sin claridad sobre el delito en cuestión.
En un país donde el número de personas desaparecidas supera las 111 mil, solo 640 casos están oficialmente encuadrados como desapariciones forzadas, lo que equivale al 0.57% del total. La falta de información detallada sobre los casos dificulta la comprensión y el abordaje efectivo de esta grave problemática.
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Recientemente, la renuncia de Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, subraya la dificultad de enfrentar este desafío en el contexto actual del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso un nuevo procedimiento para realizar un censo sobre personas desaparecidas en junio de este año, en busca de obtener información confiable sobre la situación.
Sin embargo, organizaciones como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México han instado al gobierno a ser transparente en la metodología del censo y el manejo del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). La preocupación radica en que el censo no reduzca intencionadamente el número registrado de personas desaparecidas y que reconozca la cifra oficial, que podría ser incluso mayor que la del RNPDNO.
En un país donde los jóvenes conforman el 60% de las personas desaparecidas o no localizadas, la importancia de abordar esta crisis humanitaria no puede ser subestimada. A medida que el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas destaca la necesidad de acción, México se enfrenta al reto de afrontar esta crisis, brindar justicia a las víctimas y sus familias, y garantizar un futuro más seguro para todos sus ciudadanos.
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