Freno a la Reforma Judicial: Suspensión impide su implementación

La reciente reforma judicial, presentada por el gobierno como una medida contra la inseguridad y la impunidad, ha sido cuestionada por constitucionalistas y defensores de derechos humanos.

Fuerza Informativa Azteca
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La reciente reforma judicial, presentada por el gobierno como una medida contra la inseguridad y la impunidad, ha sido cuestionada por constitucionalistas y defensores de derechos humanos, quienes aseguran que esta ley constituye una violación a la división de poderes en el país.

Un juzgado federal en Colima emitió una nueva suspensión para frenar la implementación de la reforma. Esta medida fue impulsada por la Fundación Iris, una organización en defensa de los derechos humanos. La Fundación, que ya había logrado una suspensión previa para evitar que el Presidente de la República promulgara la reforma, ahora busca detener el proceso de implementación.

Inicialmente, la Fundación impugnó los actos legislativos previos a la publicación de la reforma. Sin embargo, al haber sido promulgada, la demanda fue ampliada para cubrir la ley en su forma definitiva. El juez encargado del caso emitió diversas órdenes para asegurar que la reforma no avance en su implementación:

El Consejo del INE deberá abstenerse de implementar el proceso para la elección de nuevos jueces.

El Consejo de la Judicatura Federal no podrá transferir recursos financieros, humanos o materiales al Tribunal de Disciplina Judicial.

El Senado tiene prohibido emitir la convocatoria para integrar las listas de candidatos a jueces, magistrados y ministros.

La Cámara de Diputados no podrá emitir leyes secundarias relacionadas con el decreto.

Las legislaturas estatales deberán detener cualquier modificación a sus constituciones locales hasta que se resuelva el juicio de amparo.

Un punto crítico en la suspensión fue la orden para que el Consejo de la Judicatura Federal cumpla con la suspensión dictada por el juez. Se ha señalado que sería una violación al Estado de Derecho si el órgano encargado de administrar a los jueces se negara a acatar una resolución judicial emitida por ellos mismos.

El juez que otorgó esta suspensión provisional tiene hasta el 4 de octubre para decidir si la suspensión se convierte en definitiva. Mientras tanto, la implementación de la reforma judicial se encuentra en pausa, a la espera de la resolución final del caso.

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