La Ley Vaso de Agua, busca establecer la obligación de los empleadores de proporcionar agua potable a sus trabajadores, tanto en el sector privado como en el público. Aunque la propuesta ha sido vista como un avance en la dignificación del trabajo, también ha generado preocupación entre especialistas en derecho laboral, especialmente por su impacto en las pequeñas y medianas empresas (pymes).
El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, y aunque muchas empresas ya proporcionan este recurso a sus empleados, actualmente no es una obligación establecida en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Sin embargo, la crisis hídrica que atraviesa el país y las condiciones económicas de muchas empresas han encendido el debate sobre si esta medida es viable o representa una carga adicional para los empleadores.
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Un derecho innegable, pero con matices
Las autoridades reconocen que garantizar el acceso al agua en los centros de trabajo es una medida justa, pero advierten que la implementación debe ser cuidadosamente planeada. Señala que las reformas laborales recientes han impactado más a las pymes, que enfrentan dificultades económicas y podrían optar por la informalidad para evitar nuevas obligaciones.
Además enfatizaron la necesidad de analizar los costos y definir la mejor forma de aplicar la ley sin afectar la estabilidad de las empresas. “Cualquier mejora en la seguridad y condiciones laborales es positiva, pero es crucial definir cómo se implementará y a qué costos”.
Retos y consideraciones para su aplicación
No obstante asociaciones coinciden en que la iniciativa es positiva y destaca su alcance en el sector público, algo que no siempre ocurre con las reformas laborales. Sin embargo, subraya la importancia de definir detalles clave, como los métodos de cumplimiento y las sanciones por incumplimiento.
Además, señalan que se deben establecer parámetros claros sobre qué se considera agua potable y si las empresas deberán realizar pruebas de calidad. El reto principal será equilibrar el derecho al agua con la viabilidad económica de las empresas, en especial las pymes, para evitar impactos negativos en el sector productivo.
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