Autoridades en Chihuahua buscarían implementar una propuesta para aplicar un gravamen de aprovechamiento del 1.5% antes de impuestos a apps tecnológicas de reparto como DiDi, Uber y Rappi. Según el proyecto, este impuesto sería intransferible, lo que significa que no podría trasladarse a los usuarios o repartidores.
La iniciativa establece que las empresas de reparto que operan mediante aplicaciones deberán pagar esta cuota sobre las tarifas cobradas por cada entrega de productos o alimentos en el territorio estatal. El pago deberá realizarse mensualmente a más tardar el día 15, según lo determine la autoridad competente.
El documento aclara que el gravamen no podrá incluirse en los costos al cliente ni cobrarse a los repartidores o comercios que usan estas plataformas, con el objetivo de evitar una afectación directa en los precios al consumidor o en las ganancias de los prestadores de servicios.
¿Cuáles son las reacciones de la industria ante el impuesto a apps de reparto?
La asociación Alianza In México, que representa a plataformas de reparto, expresó su preocupación por los efectos adversos de esta medida. Guillermo Malpica, director ejecutivo de la organización, señaló que la cuota afectaría tanto a los repartidores como a los pequeños negocios que utilizan estas plataformas para distribuir sus productos.
“Esta medida no solo reduce las ganancias de los repartidores, sino que también incrementa los costos para los usuarios finales en un contexto económico desafiante, marcado por alta inflación,” comentó Malpica.
Según Alianza In México, cerca del 70% de los comercios que utilizan estos servicios son micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Estas serían las más perjudicadas, ya que dependen de las plataformas digitales como un canal clave para llegar a sus clientes, una tendencia que se consolidó durante la pandemia.
¿En dónde más se ha realizado esto?
La asociación destacó que ningún otro estado de México ha implementado un impuesto similar, aunque en entidades como Quintana Roo y Ciudad de México se propusieron medidas parecidas que fueron descartadas tras dialogar con las autoridades.
Además, Malpica advirtió que la propuesta podría contradecir compromisos internacionales asumidos por México con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los cuales buscan evitar cargas fiscales adicionales para la economía digital.
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