La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelve un amparo a Rarámuris del Trigo en Chihuahua, anulando concesiones de agua a empresas mineras Coeur Mexicana y El Fresnillo. ¿Quieres saber más sobre cómo la SCJN ampara a los Rarámuris? Sigue leyendo.
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En una decisión histórica, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha otorgado un amparo a la comunidad indígena rarámuri El Trigo, ubicada en el municipio de Uruachi, Chihuahua. La sentencia unánime anula cuatro títulos de uso industrial de agua otorgados a las empresas mineras Coeur Mexicana y El Fresnillo en la Subregión Hidrológica del Río Fuerte.
La comunidad rarámuri impugnó un Decreto que eliminó las zonas de veda de la mencionada subregión y estableció zonas de reserva para el aprovechamiento de las aguas del río con fines industriales y urbanos. La SCJN respaldó el argumento de la comunidad de que no se llevó a cabo una consulta previa con los habitantes de la región, lo cual vulnera sus derechos.
@artepopularchihuahua Se llevó a cabo la inauguración de la exposición: "Arte y Tradición Rarámuri" en el Museo Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural. Esta exhibición se integra por más de 50 piezas del concurso de Arte Popular que realizamos año con año en Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua (FODARCH). Los invitamos a visitar esta exposición la cual permanecerá hasta el próximo 13 de noviembre. #museocasachihuahua #rarámuri #fodarch #artepopularchihuahua #JuntosPromoviendoLaArtesania @Casa Chihuahua🏛 ♬ sonido original - Arte Popular Chihuahua
La ministra Margarita Ríos Farjat presentó el proyecto de sentencia, respaldado por unanimidad, destacando la necesidad de consultar a las comunidades indígenas antes de emitir decretos o concesiones que afecten directamente su territorio y recursos naturales.
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La comunidad El Trigo, que obtiene agua y alimentos de uno de los ríos de la red hidrológica afectada, celebró la decisión de la Corte, resaltando la importancia espiritual de la zona. La sentencia establece que, en caso de emitir un nuevo decreto que modifique las vedas y establezca zonas de reserva de agua, las autoridades deben consultar a la comunidad indígena y a otras aledañas que puedan resultar afectadas.
Las concesiones anuladas permitían a las empresas mineras extraer hasta 270 mil metros cúbicos de agua de las presas alimentadas por el río Fuerte, en una cuenca ya clasificada como apenas suficiente para satisfacer las necesidades humanas y agrícolas. El proyecto aprobado destaca que la explotación industrial de los ríos afecta directamente el derecho colectivo al territorio indígena y la vida espiritual de los pueblos originarios.
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Esta decisión sienta un precedente importante en la protección de los derechos indígenas y el medio ambiente, reafirmando la obligación de las autoridades de consultar a las comunidades antes de tomar decisiones que afecten sus territorios y recursos.
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