El reparto de utilidades 2025 es una obligación legal que las empresas en México deben cumplir cada año. Este derecho, consagrado en la Constitución y regulado por la Ley Federal del Trabajo (LFT), garantiza que los trabajadores reciban una parte proporcional de las ganancias generadas por la empresa durante el ejercicio fiscal anterior.
Para el año 2025, las fechas clave para este pago ya fueron definidas. Las personas morales —es decir, empresas legalmente constituidas— tienen hasta el 30 de mayo para cumplir con esta obligación. En el caso de las personas físicas con actividad empresarial, el plazo se extiende hasta el 29 de junio.
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¿Cuál es el porcentaje que toca de las utilidades?
El porcentaje a repartir es determinado por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, la cual toma en cuenta diversos factores económicos como el desarrollo industrial, la reinversión del capital y la necesidad de asegurar un rendimiento justo para los inversionistas.
Según el artículo 122 de la LFT, el reparto debe realizarse en un plazo no mayor a 60 días después de la fecha límite para presentar la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Esto significa que ningún empleador puede justificar el retraso o la omisión del pago con pretextos administrativos o por objeciones legales aún no resueltas.
¿Qué hacer si no recibes utilidades?
Los trabajadores que no reciban este beneficio en el plazo establecido pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para recibir asesoría legal gratuita o presentar una queja formal. La dependencia pone a disposición de los trabajadores los números telefónicos oficiales.
Cabe destacar que no todos los empleados tienen derecho a este reparto. Por ley, los directores, administradores y gerentes generales están excluidos de este beneficio.
El reparto de utilidades representa un reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores y busca equilibrar la distribución de la riqueza generada por las empresas. Por ello, es fundamental que tanto patrones como empleados conozcan sus derechos y obligaciones para garantizar el cumplimiento de esta prestación laboral.
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